De la memoria histórica a las memorias democráticas: el caso de Barcelona como punto de inflexión

Jordi Rabassa, historiador

A finales del cambio de siglo se activaron con fuerza los debates en torno a lo que entonces se denominó “memoria histórica”, que se posicionó con éxito, pero que nació con muchas contradicciones. Veinticinco años después de ese momento y a los 50 años de la muerte del dictador, se trata de un concepto superado por otros más amplios e inclusivos, como “memoria democrática” o “memoria colectiva”, entre otros. Aquellos debates, iniciados entonces, no han dejado de evolucionar hacia diversas direcciones, tanto en el espectro más progresista como también en aquellos más conservadores.

Entre aquellos debates, el debate entre el “deber de memoria” y el “derecho a la memoria” contrapone un imperativo acrítico (deber), ejercido desde hace décadas por las administraciones públicas, con la reivindicación ciudadana de tener acceso a la construcción de la imagen del propio pasado y, por tanto, a su revisión y reconstrucción.

Desde 2015, el Ayuntamiento de Barcelona marcó un punto de inflexión en la manera de entender la memoria a nivel institucional, basando sus políticas en el derecho colectivo a la memoria, convirtiéndola en un referente internacional y llevando a cabo una política pública entendida como una herramienta de reparación, justicia y pedagogía cívica, pero también de transformación social y en continua revisión crítica.

De ahí que la experiencia llevada a cabo durante 8 años en Barcelona pueda ser un buen ejemplo de lo que deberían ser las políticas públicas de memoria democrática o colectiva, sin limitaciones temporales ni geográficas, dado que la memoria es un legado individual y colectivo que se transmite de generación en generación. Por eso fue importante reparar la memoria de la comunidad judía de la ciudad eliminando del nomenclátor el nombre de uno de los santos que había promovido los progromos del siglo XIII o reconocer la prisión que padecieron las gitanas y los gitanos barceloneses en el siglo XVIII, por poner dos ejemplos que rompen fronteras y límites temporales.

Este compromiso con la memoria se materializó con la recuperación de equipamientos emblemáticos, como la prisión Modelo, y su tratamiento como espacio de memoria abierto a la ciudadanía; una política firme de feminización y popularización del nomenclátor, una mirada crítica y decolonial sobre el arte público y una política activa de construcción comunitaria de las diversas imágenes del pasado de los barrios y de los colectivos tradicionalmente menospreciados. En este sentido, a menudo empleamos el plural para referirnos a las memorias diversas, con una clara voluntad de universalización y de oposición a las políticas que tienen que ver con el “deber”.

Más allá de los actos oficiales y de la memoria institucional, uno de los objetivos de toda política pública de memoria debería ser su popularización y el reconocimiento del espacio público como el lugar que conserva las memorias, y por eso el Ayuntamiento de Barcelona desarrolló una política de instalación de decenas de atriles en la vía pública con un doble objetivo de reparación y con finalidad pedagógica, haciendo de la cartografía de la ciudad el mejor lugar donde explicar la historia de los movimientos sociales y los movimientos por la democracia.

El listado de acciones y políticas desarrolladas en estos ocho años es ingente, y abarca desde las celebraciones de los 80 años del inicio de la Guerra Civil hasta el último atril redactado comunitariamente con las entidades de Nou Barris y dedicado al maquis Facerias; o la creación de la Comisión de Valoración del Tardofranquismo, la retirada de la estatua de Antonio López y del escudo de Juan Carlos I en el Cinc d’Oros, el mural de las personas fusiladas en el Camp de la Bóta, la instalación de stolperstein acompañadas de un proyecto educativo para jóvenes, así como la sustitución de calles dedicadas a militares por activistas vecinales o nombres populares, como el mismo Cinc d’Oros que hemos citado en este texto, entre otros.

Como decíamos, el Ayuntamiento de Barcelona gobernado por Barcelona en Comú ha sido un auténtico referente y ha marcado un punto de inflexión en las políticas públicas de memoria. Su modelo, basado en el derecho a la memoria, ha situado en el centro la pluralidad y diversidad de memorias, el reconocimiento de las luchas que han construido la Barcelona democrática y una mirada transfronteriza y sin limitaciones temporales del pasado. Este enfoque se ha concretado en la coproducción con los barrios, la popularización del nomenclátor, la revisión crítica del esclavismo y del colonialismo, y la profundización en el conocimiento del tardofranquismo y en el reconocimiento de las personas represaliadas.

A todo esto debe añadirse iniciativas destacadas como la querella contra Carlos Reig, el abogado que firmó la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, o el proyecto de preservación de las memorias de la pandemia de la Covid-19, que han contribuido a una política de memoria también comprometida con el presente.

Las políticas de memoria no pueden limitarse a un conjunto de gestos simbólicos, sino que deben ser una manera de repensar nuestra sociedad desde el pasado, asumiendo que no podemos avanzar sin revisar y reformular críticamente lo que nos ha precedido. La mirada Barcelona —plural, comunitaria, transfronteriza y atenta a las ausencias— ha hecho visible que la memoria colectiva no se impone ni se administra desde un imperativo abstracto, sino que se coproduce con las personas que habitan la ciudad, sus genealogías diversas y la transmisión de cómo han recibido su pasado.

En un momento en que los discursos de odio y la deshumanización de colectivos enteros generan memorias autoritarias y excluyentes, la manera de entender la memoria que exponemos en este breve artículo se convierte en una aportación imprescindible. No se trata solo de recordar, sino de construir un espacio simbólico y un espacio público compartido, capaz de reconocer los conflictos, dignificar a las víctimas e incorporar las historias olvidadas que también forman parte de lo que somos. El futuro de las políticas de memoria dependerá, en última instancia, de la capacidad de seguir abriendo este camino: el de las memorias democráticas, múltiples y diversas.

Ilustraciones de Bea Simón @bety_luciernaga