Fortalecer la democracia: debates sobre la reforma judicial en México

En México el 15 de septiembre de 2024 entró en vigor una reforma trascendente al poder judicial. con dos propósitos formales:

1) La reestructuración de sus órganos más importantes

2) La democratización de sus estructuras a partir de la elección popular de las y los jueces en todos los niveles.

El primer propósito se muestra a través de la distribución de funciones de distintos órganos (separación de las funciones de disciplina judicial y administración judicial); disminución de sus integrantes (p.ej. reducción de 11 a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y
autonomía de las decisiones entre ellos (la presidencia de la SCJN deja de presidir el órgano de disciplina judicial), entre otros.

El segundo propósito es, sin duda, el que le imprimió un giro de 360 grados a la forma de concebir el diseño institucional de la elección de las personas juzgadoras. De un método que combinaba meritocracia con designación de los otros poderes (ejecutivo y legislativo, según el cargo judicial), se pasó a uno de elección popular. Es decir, a partir de esta reforma, todos los jueces y juezas serán electos mediante voto directo de la ciudadanía, previa selección de requisitos de elegibilidad e idoneidad, por parte de Comités de Evaluación de cada poder público (ejecutivo, legislativo y judicial).

No es la primera vez que México discute el método de elección popular para las personas juzgadoras, tanto en el siglo XIX como en el XX. Incluso, en la Constitución de 1857 se previó una elección indirecta de primer grado por la ciudadanía mediante un Colegio de electores que
los representaría; sin embargo, la opción de designación meritocrática prevaleció durante todo el siglo XX y lo que iba del siglo en curso.

Su fundamento teórico y político sostiene que los jueces están legitimados solo por su conocimiento experto, a diferencia de los otros dos poderes de la Unión, el ejecutivo y el legislativo elegidos mediante voto popular. Este fundamento es el que se subvierte con esta reforma y se sustituye por otro radicado en el principio de maximización de la democracia: el que plantea que los jueces deben ser elegidos democráticamente por la ciudadanía con el objeto de que su legitimidad no sea solamente meritocrática y relativa a un saber técnico especializado, sino que esté anclada, también, en la voluntad popular.


Un hito histórico que junto con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y gracias al Ministerio de Asuntos exteriores, Unión Europea y Cooperación hemos querido seguir desde Fundación y elaborar el informe, Fortalecer la democracia: debates sobre la reforma judicial en México.

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