Paula Suárez, médica de familia y comunitaria y miembro de la Dirección Ejecutiva de Barcelona en Comú.
Vivir con dignidad

Paco tenía poco más de sesenta años y vivía con un dolor constante que le atravesaba el cuerpo cada vez que intentaba caminar. Una lesión vertebral lo había convertido en un hombre prácticamente recluido en casa. Caminaba lentamente por el pasillo de su piso de protección oficial, midiendo cada paso. Llevaba dos años esperando una operación que debía aliviarle el dolor. También hacía dos años que no tenía médico de cabecera asignado.
Durante mis primeras semanas en el CAP nos vimos muchas veces. A veces venía él. Otras, algún familiar. El motivo cambiaba: el dolor, los efectos secundarios de la morfina, las náuseas, la angustia o el desánimo. Cada vez salía menos de casa. Cada vez dependía más de los opiáceos para soportar una situación que se alargaba constantemente.
Cuando conseguimos construir un poco de confianza, Paco se planteó la eutanasia. No quería seguir esperando.
Las médicas de familia podemos llegar a conocer a un paciente más allá de una resonancia o de una lista de síntomas. Vemos cómo aquello que podría parecer un dolor aislado acaba atravesando toda una vida: la pérdida de autonomía, el aislamiento, la angustia, la dependencia de los opiáceos o el desgaste de toda una familia. Y eso también permite entender la urgencia de un caso de otra manera. Es precisamente ese conocimiento el que permite insistir, coordinar, derivar y conseguir que situaciones cronificadas dejen, finalmente, de encallarse.
Por suerte, una vez conocida la complejidad de la situación, conseguimos acortar la espera para la intervención. Hoy Paco es una persona autónoma, sin opiáceos y con una vida recuperada. Y eso también explica otra verdad importante: cuando la sanidad pública funciona, funciona extraordinariamente bien. El problema no es la falta de capacidad de los profesionales ni la calidad del sistema público. El problema es haber normalizado durante años que la sanidad funcione permanentemente al límite, sostenida por el sobreesfuerzo de sus trabajadores mientras se degradan las condiciones materiales que hacen posible una atención digna.
Paco no es una excepción. Es el resultado de un sistema sanitario tensionado hasta el límite. De una atención primaria sobrecargada. De profesionales exhaustos por agendas interminables y guardias eternas. De listas de espera que condenan a los pacientes a elegir entre convivir con dolor, ansiedad o deterioro funcional mientras esperan una visita, una prueba diagnóstica, una cirugía o rehabilitación, o gastar sus ahorros en la sanidad privada.
Los barrios populares y las zonas rurales sufren una falta estructural de profesionales, más dificultades de cobertura y una rotación constante de médicos y médicas. Cuando la sanidad pública falla, quien tiene recursos busca alternativas en la privada. Quien no los tiene, espera.
En Cataluña llevamos años normalizando esta desigualdad como si fuera inevitable. Los CAP de barrios trabajadores acumulan más saturación y más dificultades para retener profesionales. Centros como el de Meridiana llevan años trabajando bajo mínimos. Hay pacientes que pasan meses sin médico asignado. Profesionales con agendas desbordadas. Enfermeras sosteniendo equipos exhaustos. Y ciudadanos que acaban yendo a urgencias porque conseguir visita en el CAP se ha convertido en una carrera de obstáculos.
Nos llenamos la boca criticando el modelo sanitario madrileño mientras aquí hemos consolidado, durante décadas, una estructura sanitaria profundamente híbrida, opaca y orientada a seguir externalizando recursos públicos hacia operadores privados.
Si la sanidad no se concibe como un derecho colectivo orientado a las necesidades de la población, eso tiene consecuencias muy concretas: más desigualdades territoriales, más fragmentación, menos transparencia y una atención primaria cada vez más tensionada, especialmente en los barrios populares y en las zonas rurales.
Cuando la sanidad se organiza bajo lógicas de mercado, acaban apareciendo situaciones como el caso del Hospital Sagrat Cor. Un hospital privado con ánimo de lucro integrado dentro de la red del CatSalut. Un centro donde las personas derivadas desde la pública acumulan esperas importantes mientras quien puede pagar accede más rápidamente a los mismos servicios. Es difícil imaginar una imagen más clara de la desigualdad sanitaria.
Hemos normalizado que dinero público acabe reforzando estructuras privadas mientras en los CAP faltan manos. Hemos normalizado que haya ciudadanos que tardan semanas en visitarse con su médico de familia. Hemos normalizado que la sanidad pública funcione gracias al sobreesfuerzo y a la vocación precaria, pero permanente, de sus trabajadores.
¿Qué sanidad queremos?
¿Una sanidad concebida como un derecho colectivo o como un espacio progresivamente subordinado a la lógica del mercado? ¿Una sanidad planificada democráticamente según las necesidades de la población o según las oportunidades de los grandes operadores sanitarios?
Como médica de familia tengo claro que lo que necesita Cataluña es más financiación y, sobre todo, mejor distribuida, más plazas, mejores condiciones laborales y más capacidad pública. Lo que necesita Cataluña es garantizar plantillas de profesionales sanitarios completas en los CAP, en todas partes, en los territorios rurales y en las zonas donde más cuesta cubrir plazas, como ocurre en el CAP de Meridiana o en el de Chafarinas, donde he trabajado durante años.
Pocas cosas son tan comunes, tan básicas y tan democráticas como la salud. Por eso necesitamos un plan de país. Con profesionales, pacientes, sindicatos, movimientos sociales, La Capçalera, Marea Blanca, el Fòrum Català d’Atenció Primària y todas las plataformas que llevan años defendiendo la sanidad pública.
Necesitamos una atención primaria fuerte, con recursos, tiempo y profesionales suficientes. Necesitamos mejores condiciones laborales para retener talento y garantizar estabilidad en los equipos. Necesitamos incentivos reales, no solo económicos, para cubrir plazas en los barrios populares y en las zonas rurales. Necesitamos más capacidad pública, más transparencia y más control democrático sobre cada euro destinado a la sanidad.
Y necesitamos entender una cosa fundamental: defender la sanidad pública no es solo defender hospitales o CAP. Es defender una idea de sociedad. Porque cuando una persona rica enferma y el sistema falla, encontrará alternativas. Pero cuando falla la sanidad pública en los barrios trabajadores, lo que falla es la posibilidad misma de vivir con dignidad.
